Litio: El día de la marmota
La licitación para explotar 400 mil toneladas de litio metálico (LME) por parte del Ministerio de Minería se llevó a cabo pese a los reparos del congreso, el presidente recién electo y la sociedad civil. Así, el ministerio informó que BYD SpA y Servicios y Operaciones Mineras del Norte S.A. son las empresas que eventualmente podrían extraer el 1,8% de las reservas nacionales por 29 años.
La decisión del gobierno se encuentra en suspenso debido a que la Corte de Apelaciones de Copiapó concedió una orden de no innovar, tras admitir a trámite el recurso de protección presentado por el gobernador regional de Atacama y la comunidad indígena Colla Pai Otes. El recurso se presentó en favor de las personas y Comunidades Indígenas que habitan los territorios donde existe litio, quienes ven amenazado su derecho a igualdad ante la ley, destacando el incumplimiento del convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, que exige la realización de una consulta indígena cuando las medidas legislativas o administrativas sean susceptibles de afectarlos.
La discusión pública generada en torno a esta acción puntual del gobierno trasciende los márgenes dentro de los cuales esta decisión fue planteada y convoca a hacer planteamientos mucho más profundos y de largo aliento. Invita a reflexionar sobre el acceso, uso y aprovechamiento de los elementos de la naturaleza de carácter no renovable que se encuentran en nuestro territorio. Esta es una pregunta que moviliza y tensiona a las distintas visiones que existen en la sociedad sobre la idea de desarrollo, y los caminos que deben tomarse para alcanzarlo. La pregunta de base apunta a definir si Chile quiere: i) anteponer el resguardo de los ecosistemas y de los derechos de los habitantes de esos territorios al interés económico; ii) si debe aprovechar sustentablemente el litio para impulsar la innovación tecnológica, el desarrollo del conocimiento y la industrialización, o iii) seguir siendo un país primario-exportador.
Decidir sobre el litio implica definir el país que queremos, cuestión central del debate constitucional. El caso del litio es particularmente sensible -ya que se trata de un elemento de en un ecosistema acuático- cuya extracción consiste en evaporar el agua, generando modificaciones irreparables en los salares del norte del país, como son el caso de Llamara, Lagunillas, Punta Negra y Pedernales. Por lo mismo, su explotación implica un enorme consumo de agua, en una zona donde este elemento se encuentra sobreexplotado por otras actividades mineras y, por lo tanto, su disponibilidad se ha vuelto un asunto crítico. También se trata de un territorio que ha sido ancestralmente habitado por comunidades aymaras y collas, las que tienen su propia relación con la naturaleza y donde los salares forman parte de su cultura.
Desde PROMA consideramos que el actual escenario nos entrega la oportunidad de generar estrategias respetuosas con el medio ambiente y la sociedad en su conjunto. Este debate aún no ha sido abordado y los argumentos esgrimidos anteriormente deben estar sujetos a un análisis más profundo, donde incluso podría estimarse que, si la explotación del litio implica generar daños ecológicos irreversibles o una amenaza a las culturas, es mejor desistir de explotarlo bajo estas condiciones. Lo anterior es particularmente cierto cuando las dimensiones ambientales, sociales y económicas, además de los enfoques regionalistas, la justicia ambiental, y una política redistributiva en los territorios deben ser consideradas a efectos de conservar estos ecosistemas y los modos de vida de las comunidades.
Nuestro programa, al estar al alero de la Vicerrectoría de Investigación y Desarrollo de la Universidad de Chile, tiene el rol de fomentar la discusión sobre las futuras políticas públicas vinculadas al litio mediante insumos y, sobre todo, a la base de una mirada transdisciplinaria, que vele por el bien común de la sociedad. Destacamos que las decisiones en torno a este elemento estratégico deben contemplar las diversas miradas, y también deben ejecutarse mediante alianzas entre los centros de generación de conocimiento científico, organismos del Estado, privados, las comunidades locales y los pueblos originarios. Respetando el medio ambiente y las comunidades podremos avanzar en nuestro desarrollo.
Comité Académico del Programa Transdisciplinario en Medio Ambiente UCH: Javier Simonetti, Mauricio Folchi, Ximena Insunza, Diego Morata y Giorgio Solimano
Publicado originalmente en Noticias Uchile
