Columna de opinión
Profesor Mauricio Folchi: “El día de la Tierra…en el momento del pueblo”
El Académico e integrante del Programa Transdisciplinario en Medio Ambiente (PROMA) de la U. de Chile, Mauricio Folchi, reflexiona en el marco del Día Mundial de la Tierra, conmemorado este 22 de abril. “Debemos reconocer que la vida de todas las chilenas y chilenos depende de la calidad del ambiente en el que cada uno de ellos vive y del acceso a los recursos que de él necesitan”, enfatiza.
La historia de nuestro país se encuentra en un momento de inflexión. Después del estallido social de octubre de 2019 a la elite gobernante no le quedó más remedio que reconocer la profunda crisis política que arrastraba Chile desde hace más de una década… o tres, y de la cual ella era responsable. Desde hace bastantes años, una proporción creciente de la ciudadanía había llegado a la conclusión que quienes nos gobiernan no lo hacen para defender nuestros intereses, sino los de alguien más. Eso traduce, dicho elegantemente, en que nuestro sistema político había entrado en una “crisis de representación”. La salida del aprieto fue abrir un proceso constituyente, que es la solución institucional para este tipo de crisis. Se disuelve el orden constituido; emerge un poder constituyente y de éste emana un nuevo orden político, el cual permite superar la crisis o, por lo menos, abrazar esa esperanza.
Desde entonces, y a pesar de la pandemia, las chilenas y chilenos no hemos dejado de preguntarnos y debatir cuál es el orden político y social que queremos. Nos hemos interrogado por el sentido de vivir juntos (es decir, sobre los objetivos o propósitos de la vida en común), sobre los derechos sociales que debemos garantizar (¿salud, educación, vivienda, trabajo, seguridad social?) y sobre el régimen político más adecuado para hacer efectivas esas garantías y aspiraciones. No es exagerado esperar que de este momento político surja un nuevo orden para nuestra convivencia —muy diferente a la que tenemos en la actualidad—y que, gracias a eso, las condiciones de vida y de gobierno bajo las cuales vivimos las chilenas y chilenos sean progresivamente más satisfactorias en el futuro.
En este momento político nos encontramos hoy, cuando se conmemora el “Día Mundial de la Tierra”, una fecha en la cual recordamos que este planeta es nuestro hogar y acrecentamos nuestra conciencia sobre problemas ambientales tales como la contaminación, la pérdida de biodiversidad, el agotamiento de los recursos naturales y el calentamiento global. Dada la profundidad y extensión de la crisis ambiental, se trata de una conmemoración plenamente justificada, pero expresada de una manera poco afortunada, que se presta para generar un enorme malentendido o, mejor dicho, una tergiversación de la cuestión ambiental, que las y los promotores del deterioro ecológico aprovechan en su beneficio. Ellas y ellos propagan la creencia de que el “cuidado de la Tierra” impulsado por los ambientalistas equivale a poner a la biósfera o a la Naturaleza, es decir, a lo “no humano”, antes que a las personas. Ellas y ellos, en cambio, afirman tener como prioridad a las personas, quienes serían las beneficiarias directas o indirectas del “desarrollo económico” que promueven. La conclusión que surge de eso es que debemos preocuparnos por la Tierra, pero primero debemos preocuparnos por las personas. En la práctica, esta afirmación actúa como un imperativo moral que autoriza a los agentes económicos a apropiarse y transformar el ambiente a discreción, bajo el supuesto de que ello es necesario para crear puestos de trabajo y producir los bienes y servicios que las personas requieren con urgencia.
La base de esa argumentación no es más que un error semántico. Hablar de “la Tierra” sugiere que es ella —y no nosotros— la que padece los problemas ambientales. Esa evocación un tanto romántica nos hace olvidar que cuando hablamos del ambiente nos referimos al hábitat de las personas y comunidades; al lugar específico donde éstas encuentran sustento y cobijo; el lugar donde viven y donde obtienen los recursos y servicios ambientales que requieren para reproducir sus formas de vida. No debemos olvidar ni por un instante que el deterioro del medio ambiente en el que viven las personas o el cambio en las reglas de acceso a los recursos, repercute directamente en el bienestar de las personas y en la posibilidad de reproducir sus formas de vida. Esto implica que preocuparse por el ambiente no consiste en preocuparse por “la Tierra”, sino que consiste en preocuparse por las personas. El día de la Tierra es también el de la gente.
La preocupación por el deterioro del ambiente en el que viven muchas personas y comunidades en el Chile de hoy, junto con la necesidad de cautelar el acceso a los recursos y servicios que dichos ambientes les proveen, supone —en un país desigual y profundamente neoliberal como el nuestro— un desafío político enorme. Si esos ambientes sufren degradación y al mismo tiempo se imponen restricciones al acceso a los recursos, es porque nuestras leyes —no solo las ambientales— y nuestro ordenamiento jurídico en general, están concebidos para producir ese resultado. Y si este ordenamiento jurídico existe, es porque hay un régimen político que lo valida o que no permite su modificación sustantiva y porque además el poder está distribuido de tal manera, que resulta imposible que dicho régimen pueda producir las decisiones políticas que ayudarían a revertir la desmejorada condición ambiental en las que viven muchas chilenas y chilenos. De esta manera, al igual que ocurre con los aspectos económicos y sociales de la existencia humana, la crisis ambiental deviene en crisis política.
Afortunadamente, este día de la Tierra, como nunca había ocurrido antes en nuestra historia, coincide con el momento del pueblo. Llega justo cuando el poder constituyente se pregunta cuál debe ser el ordenamiento político y jurídico sobre el cual se base nuestra convivencia y cuáles son los derechos que dicho ordenamiento debe garantizar.
No cabe duda que la nueva Constitución no debería limitarse a consignar de manera cosmética “el derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación” (como reza la Constitución de 1981), sino a reconocer que la vida de todas las chilenas y chilenos depende de la calidad del ambiente en el que cada uno de ellos vive y del acceso a los recursos que de él necesitan. Junto con eso, la nueva Constitución debería fundar un sistema político basado en una distribución más equitativa del poder; un sistema donde sea posible —entre otras cosas— que los territorios gestionen sus recursos y preserven sus formas de vida. Sólo así podremos garantizar a todas las chilenas y chilenos unas condiciones ambientales compatibles con los objetivos y valores que le dan sentido a la vida en común.
Mauricio Folchi
Académico Facultad de Filosofía y Humanidades
Integrante del Comité Académico del Programa Transdisciplinario en Medio Ambiente (PROMA)
Universidad de Chile
Publicado originalmente en Diario Uchile